Un 26 de Mayo, la dictadura cívico militar, asesinó a José e hizo detener y desaparecer a Elizabeth, Antonio, Juan, Luis y Óscar

  • Antonio Elizondo Ormaechea, detenido desaparecido el 26-05-1976, de la región Metropolitana, militante del MAPU, 29 años de edad.
  • Elizabeth Mercedes Rekas Urra, detenida desaparecida el 26-05-1976, de la región Metropolitana, militante del MAPU, 27 años de edad.
  • Juan Bosco Maino Canales, detenido desaparecido el 26-05-1976, de la región Metropolitana, militante del MAPU, 27 años de edad.

(El 26 mayo de 1976 fue detenida Elizabeth Mercedes REKAS URRA, quien presentaba un embarazo de cuatro meses, junto a su cónyuge, Antonio ELIZONDO ORMAECHEA, militante del MAPU. Según declaró Andrés Constantino Rekas Urra, hermano de Elizabeth Mercedes, quien mismo fue detenido en la vía pública el 24 de mayo, siendo inmediatamente trasladado a un lugar que identificó como Villa Grimaldi. Allí fue interrogado acerca de las actividades y paradero de su hermana Elizabeth, de su cuñado Antonio, y del amigo de ambos, Juan Bosco MAINO CANALES, señalándosele que sólo sería liberado cuando éstos fueran detenidos. Al día siguiente, fue sacado por sus captores de Villa Grimaldi y trasladado a los lugares de trabajo de su hermana y de su cuñado con el objeto de que los identificara. Posteriormente fue devuelto al lugar de reclusión señalado. El día 26, estando aún detenido en Villa Grimaldi, Andrés Rekas escuchó un sonido característico que tenía la Citroneta que conducía su cuñado Antonio Elizondo. Unos momentos después, escuchó los gritos de una mujer, a la que reconoció como su hermana Elizabeth Mercedes. Ese mismo día fue liberado. Unos días después, concurrió hasta el domicilio de su hermana y de su cuñado, comprobando que éstos no se encontraban allí, y que el departamento se hallaba en un completo desorden, muestra evidente de haber sido allanado. El Notario Público, Rafael Zaldívar Díaz, levantó acta del estado en que se encontraba el departamento que ocupaba el matrimonio Elizondo-Rekas, comprobándose además que sobre la mesa del comedor se encontraban los lentes ópticos, el reloj y una revista pertenecientes a Juan Maino, dirigente del MAPU, quien fue detenido el mismo día al interior de este departamento. Por otra parte, el 30 de diciembre de 1980 fue detenido por agentes de la CNI, Carlos Montes. Durante los interrogatorios a que fue sometido se le exhibió un documento manuscrito por él y que se encontraba en poder de Juan Maino a la fecha de su detención. Con ocasión de la detención de Carlos Montes, el Ministerio del Interior informó al tribunal que éste era un alto dirigente del MAPU y que «con la detención de uno de sus más importantes colaboradores, Juan Maino» había ingresado a la clandestinidad para evitar ser aprehendido. La Comisión tiene la convicción de que tanto Elizabeth Rekas, como Antonio Elizondo y Juan Maino, fueron detenidos y hechos desaparecer por agentes del Estado, en grave violación a sus derechos humanos).
  • Luis Hernán Núñez Rojas, detenido desaparecido el 26-05-1976, de la región Metropolitana, militante del MIR, 24 años de edad.
  • Óscar Dante Valdivia González, detenido desaparecido el 26-05-1976, de la región Metropolitana, militante del MIR, 27 años de edad.

(A fines de mayo de 1976, fueron asimismo detenidos y posteriormente desaparecidos otros tres militantes del MIR: El 25 de mayo de 1976, Angel Gabriel GUERRERO CARRILLO fue detenido en Antonio Varas con Providencia por agentes de la DINA que se movilizaban en un auto Peugeot de color blanco, siendo trasladado a Villa Grimaldi, lugar en que fue visto por varios testigos y desde el cual se le perdió el rastro. Al día siguiente, el 26 de mayo, fue detenido Oscar Dante VALDIVIA GONZALEZ, y esa misma noche, los domicilios de varios familiares del afectado fueron allanados en busca de armas. Desde esa fecha, no se han vuelto a tener noticias acerca de su paradero. También el 26 de mayo fue detenido el estudiante de Filosofía y también militante del MIR, Luis Hernán NUÑEZ ROJAS, quien se encuentra desaparecido desde esa fecha. La Comisión está convencida de que sus desapariciones fueron obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos).
  • José Rodolfo Rigoberto Randolph Segovia, asesinado el 26-05-1985, de la región del BioBío, sin militancia, 24 años de edad.

(CASOS DE MUERTES POR USO INDEBIDO DE LA FUERZA O ABUSO DE PODER CON TOLERANCIA DE LA AUTORIDAD EN LOS QUE SE ADQUIRIÓ CONVICCIÓN. En razón de la escasez de antecedentes y elementos de juicio que se pudo reunir y de la circunstancia de tratarse de situaciones aisladas, lo que dificulta su análisis contextual, los casos de muerte por las causales indicadas reciben un tratamiento diverso al resto de los casos declarados con convicción por esta Comisión, consistente en que sólo se mencionará en esta parte del Informe el nombre de las víctimas, sin incluir una relación de cada uno de ellos. Lo dicho, sin perjuicio de su inclusión, en los mismos términos que los demás casos con convicción, en el Volumen II de este Informe. De entre las muertes por uso excesivo de la fuerza, cabe señalar, entre otras: – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de transeúntes desarmados que, instintivamente, huyeron al verlos acercarse; – Las producida por formas desproporcionadas de represión, principalmente disparos, muchas veces sin advertencia previa, efectuadas por agentes del Estado en contra de personas que sólo se encontraban realizando manifestaciones públicas o repartiendo propaganda de oposición al régimen militar; – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que sólo infringían el toque de queda, sin otra señal de peligrosidad; – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, también muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que eran sorprendidas mientras cometían un delito que no requería racionalmente esa medida. Es necesario señalar que las instituciones castrenses o policiales dieron de baja, en la mayor parte de estos casos, a los funcionarios comprometidos en ellos, pasando los antecedentes a los Tribunales Militares, lo que es irrelevante para los efectos de su calificación como violaciones a los derechos humanos).