Recordamos a: Manuel Silva, Carmen Bueno, Jorge Muller, Sergio Riffo, y Santiago Araya quienes fueron detenidos y hechos desaparecer… Recordamos a Enrique Morales quién fue asesinado; todo ésto ocurrió un 29 de noviembre…

  • Manuel Silva Carreño, detenido desaparecido el 29-11-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 45 años de edad.

 

El 29 de noviembre de 1973, en el Asentamiento Arco Iris, se efectuó la detención de Manuel SILVA CARREÑO 44 años, casado, campesino. En esa ocasión llegaron cinco efectivos de Carabineros en un furgón de la institución, quienes procedieron a detener a Manuel Silva al interior de su domicilio en presencia de testigos. Momentos después su cónyuge se dirigió a la Sub Comisaría de Paine, donde se le informó que había sido trasladado a la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar donde su ingreso no fue reconocido. El 14 de agosto de 1980 se inició querella por secuestro, proceso en el cual declaró un testigo que relató haber sido transportado a la subcomisaría de Paine junto a la víctima, presenciando su ejecución por agentes de ese Recinto. Carabineros de esa unidad que laboraban en la fecha de la detención de la víctima, declararon desconocer el hecho, señalando que después del pronunciamiento militar no se registraron detenciones en esa unidad. En 1982 la causa fue sobreseída definitivamente. La Comisión se formó la convicción que el desaparecimiento de Manuel Silva es de responsabilidad de agentes del Estado, constituyendo ello una violación a los derechos humanos. Se basa tal convicción en que se encuentra acreditado su arresto y que se pierde todo rastro de él mientras permanecía detenido y bajo la custodia de agentes estatales y hasta ahora.

 

  • Carmen Cecilia Bueno Cifuentes, detenido desaparecido el 29-11-1974, de la región Metropolitana, militante del MIR, 24 años de edad.
  • Jorge Hernán Muller Silva, detenido desaparecido el 29-11-1974, de la región Metropolitana, militante del MIR, 27 años de edad.

 

El 29 de noviembre de 1974 fueron detenidos en la vía pública, en Santiago, cuando se dirigían a su trabajo los militantes del MIR Jorge Hernán MÜLLER SILVA y su compañera de trabajo en Chile Films, Carmen Cecilia BUENO CIFUENTES. Según testimonios, ambos fueron llevados al recinto de Villa Grimaldi y luego trasladados a Cuatro Alamos desde donde desaparecieron en poder de la DINA. La Comisión está convencida de que la desaparición de ambos fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos.

 

  • Sergio Alejandro Riffo Ramos, detenido desaparecido el 29-11-1974, de la región Metropolitana, militante del MIR, 23 años de edad.

 

El mismo 29 de noviembre fue detenido en la vía pública en la comuna de Providencia, por agentes de la DINA, el militante del MIR Sergio Alejandro RIFFO RAMOS. Más tarde, los mismos agentes allanaron el domicilio del detenido. Sergio Riffo fue visto por testigos en el recinto de la DINA de Villa Grimaldi, desde donde desapareció. La Comisión está convencida de que su desaparición fue obra de agentes del Estado, quienes violaron así sus derechos humanos.

 

  • Santiago Edmundo Araya Cabrera, detenido desaparecido el 29-11-1976, de la región Metropolitana, militante del MIR, 28 años de edad.

 

El año 1976 terminó con la detención y posterior desaparición de trece personas, la mayoría de los cuales eran altos dirigentes del PC, y respecto de muchos de los cuales la autoridad dio como versión oficial ante los Tribunales de Justicia el que los afectados habían hecho abandono del país por el paso fronterizo Los Libertadores con destino a Argentina, lo que judicialmente, a través de peritajes, testigos e inspecciones personales, se estableció era falso. De hecho el Ministerio del Interior se hizo parte en el proceso y acompañó certificado extendido por el Jefe del Control de Policía Internacional, señalando que «se acredita una vez más que existe constancia fidedigna de la salida de estas personas». La investigación de esta situación logró determinar tanto la falsedad de la versión dada por la autoridad acerca de la salida del territorio nacional de los afectados, como la privación ilegal de libertad de dos de ellos. El 29 de noviembre de 1976 fue detenido en las cercanías de la Vega Central Santiago Edmundo ARAYA CABRERA, cuyo caso, pese a que se trata de un militante del MIR, es relatado en esta sección por las numerosas características que lo unen a los restantes. Desde la fecha antes señalada no se tienen noticias suyas. Esta persona había previamente prestado una declaración jurada acerca de las circunstancias de la detención y posterior desaparición de su amigo y compañero de partido Mario Maureira ocurrido el 8 de agosto de 1976, y de la cual fue testigo presencial. Al interponerse un Recurso de Amparo en favor de Santiago Araya, el Ministerio del Interior informó a la Corte de Apelaciones que, habiendo consultado al Departamento de Extranjería de Investigaciones, el afectado registraba salida del país. El 7 de febrero de 1977 el Tribunal realizó una inspección de la documentación y archivos del Departamento de Extranjería y se constató que según el certificado N° 366, la víctima registra salida a pie del país por el paso Los Libertadores con fecha 22 de diciembre de 1976. Sin perjuicio de que judicialmente se comprobó la falsedad de tal documentación, es importante tener presente que Santiago Araya tenía una luxación en la cadera, a consecuencia de lo cual cojeaba, lo que hace inverosímil que haya cruzado la frontera a pie.

 

  • Enrique Segundo Morales Chávez, asesinado el 29-11-1983, de la región Metropolitana, sin militancia, 15 años de edad.

 

La presente categoría comprende los casos en que faltó proporcionalidad entre la fuerza empleada por la autoridad y la situación que se pretendía impedir con ella y que en principio justificaba su uso. De entre las muertes por uso excesivo de la fuerza, cabe señalar, entre otras: – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de transeúntes desarmados que, instintivamente, huyeron al verlos acercarse; – Las producida por formas desproporcionadas de represión, principalmente disparos, muchas veces sin advertencia previa, efectuadas por agentes del Estado en contra de personas que sólo se encontraban realizando manifestaciones públicas o repartiendo propaganda de oposición al régimen militar; – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que sólo infringían el toque de queda, sin otra señal de peligrosidad; – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, también muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que eran sorprendidas mientras cometían un delito que no requería racionalmente esa medida. Es necesario señalar que las instituciones castrenses o policiales dieron de baja, en la mayor parte de estos casos, a los funcionarios comprometidos en ellos, pasando los antecedentes a los Tribunales Militares, lo que es irrelevante para los efectos de su calificación como violaciones a los derechos humanos.