Recordamos a los que nos dejaron un 25 de Febrero… justicia y reparación!

  • Juan Segundo Bruna Bruna, Muerto el 25-02-1974, de la Región de Coquimbo, militante del PC, 62 años de edad.
(El 25 de febrero de 1974 falleció en Salamanca Juan Segundo BRUNA BRUNA, militante del Partido Comunista. La víctima, acusada de tenencia de armamentos, permaneció detenida desde pocos días después del golpe militar, hasta la fecha de su fallecimiento. Su cuerpo fue entregado en una urna sellada, no permitiéndosele a los familiares verlo. La Comisión, con los antecedentes de que dispone, ha adquirido la convicción de que su muerte se debe a los malos tratos que recibiera durante su reclusión y que tales tratos son imputables a agentes estatales, quienes violaron así sus derechos humanos).
  • Anjel Domingo Toledo Carvajal, Muerto el 25-02-1976, de la Región de Valparaíso, militante del PS, 52 años de edad.
(Anjel Domingo Toledo Carvajal murió ese día a las 6:30 horas, en su domicilio, por infarto del miocardio y asma bronquial, según consta en el Certificado Médico de Defunción suscrito por médico legista. De acuerdo con las declaraciones de familiares, Anjel Toledo, militante del Partido Socialista, fue detenido el 13 septiembre de 1973 en su domicilio en la ciudad de Illapel, por efectivos de Carabineros. Permaneció incomunicado por más de un mes en la Comisaría de Illapel y después, en la cárcel de esa ciudad. Su domicilio fue allanado en reiteradas oportunidades debido a que en parte de él funcionaba un local del Partido Socialista. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de la ciudad de la Serena con otros detenidos, a disposición de la Fiscalía Militar de ese lugar. En este recinto también se le incomunicó por una semana, pero su cónyuge logró visitarlo un mes después. Fue sometido a un Consejo de Guerra, en el que se le imputaron varios delitos políticos. En definitiva, fue condenado a cinco años de relegación, por infracción a la Ley de Seguridad Interior de Estado, para cumplirlos en la localidad de Putaendo. Señala la cónyuge que su marido era portador de asma bronquial crónica que requería de terapia y controles permanentes. Que durante los períodos en que estuvo preso e incomunicado su enfermedad se agravó mucho debido a las pésimas condiciones sanitarias y a la falta de medicamentos adecuados. También, afirma que Anjel Toledo le relató haber sido objeto de diversos malos tratos en esos lugares, y se enteró por otras personas que habían estado detenidas con él, que había sido torturado con electricidad para que confesara el lugar donde supuestamente tenía armas ocultas. Posteriormente, cuando lo visitó en los recintos carcelarios, se veía cada vez más demacrado y delgado y presentaba grandes dificultades para respirar. Durante su permanencia como relegado en Putaendo, su estado de salud se empeoró. En este lugar se vio forzado a efectuar trabajos en una mina para sobrevivir, lo que agravó su precaria condición física. Cuando todavía no terminaba de cumplir la relegación, murió en el domicilio que había arrendado su cónyuge en Putaendo, adonde se había trasladado para asistirlo. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior llegó a la convicción de que los malos tratos recibidos tuvieron decisiva influencia en la muerte de Anjel Domingo Toledo Carvajal. Por tal razón, lo declaró víctima de la violencia política imperante en la época de su fallecimiento).
  • Tucapel Francisco Jiménez Alfaro, Muerto el 25-02-1982, de la Región Metropolitana, sin militancia, 60 años de edad.

(Tucapel Francisco JIMENEZ ALFARO, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile y figura de gran relevancia dentro del sindicalismo nacional de oposición al Gobierno de la época, fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 km de Santiago hacia el Poniente. En ese lugar se le dio muerte mediante disparos en el cráneo y posterior degollamiento. El móvil de estos hechos no fue el robo ya que se encontraron en su poder especies de valor. La víctima sufría seguimientos previos, en los que aparecen comprometidos agentes de los servicios de seguridad, específicamente miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios y la CNI. Con posterioridad a los hechos se realizaron diversas maniobras destinadas a encubrir el crimen y entorpecer la labor de los investigadores. Incluso un individuo confesó por escrito ser el autor del crimen para luego suicidarse, demostrándose posteriormente en el proceso que había sido asesinado y que la confesión era falsa. La Comisión ha adquirido la convicción de que se trató de un crimen cometido por motivaciones políticas en violación de los derechos humanos de Tucapel Jiménez. Aunque no puede afirmar categóricamente que la ejecución de este crimen fue obra de agentes del Estado, ponderados todos los antecedentes estima en conciencia que está comprometida en su muerte la responsabilidad del Estado por cuanto, si no fueron agentes del Estado los hechores, éstos contaron al menos con el amparo del Estado).