En septiembre de 1973, el mismo día de la instauración del régimen militar en Chile, se estableció un fuerte dispositivo represivo que significó la negación de los derechos civiles y políticos. Después de la clausura del Congreso Nacional, se decretó el Estado de Sitio, Estado de guerra interno, prohibición del derecho de reunión y organización. Las nuevas autoridades desconocieron la legitimidad de las instituciones democráticas y la sociedad fue conducida con lógica militar. Con la justificación del “enemigo interno” se cometen actos propios de las experiencias fascistas europeas: campos de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y poblaciones, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos.
Una de las primeras medidas adoptadas por la dictadura militar chilena, fue suspender la vigencia de la Constitución de 1925 y por el cierre de los espacios político-electorales. A los pocos meses del Golpe de Estado, comunicaba el Decreto Ley N°130 (19 de noviembre de 1973), sobre la caducidad de los registros electorales.
El diario osornino “La Prensa”, en su edición del lunes 8 de julio de 1974, informaba que “ Fueron incinerados Registros Electorales”. Los datos de más de 4 millones de electores mayores de 18 años, eran destruidos para evitar cualquier intento de elección democrática.
Debieron pasar 14 años para que se produjera una nueva apertura de los registros electorales.
Dicha apertura se suscitó en virtud del artículo N°1 transitorio de la Ley N°18.556, que señalaba que los Registros debían abrirse a la ciudadanía, luego de tres meses de publicada la misma ley. Desde este momento, pudieron inscribirse los hombres y las mujeres mayores de 18 años y los extranjeros residentes. Incluso, quien primero se inscribió fue el propio dictador Augusto Pinochet, en la comuna de Santiago.
Durante el período que los registros estuvieron abiertos, se inscribió un 92% de las personas mayores habilitadas para hacerlo, y del total de inscritos, más de un tercio de los votantes era menor de 30 años, ciudadanos quienes no habían ejercido anteriormente el derecho a sufragio. La inscripción se realizó con mucha rapidez, puesto que “hacia fines de 1987, más de 3 millones de chilenos ya estaban inscritos para votar, lo que representaba un 40% de aquellos con derecho a hacerlo. Cuando el SERVEL cerró el proceso de inscripción 30 días antes del plebiscito, más de 7,4 millones de chilenos estaban ya inscritos”.
El resto, es historia conocida.
