Hace pocas semanas atrás -y coincidiendo con el 111° aniversario de la creación de la institución- la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile acreditó su calidad como Institución de Educación Superior, a manos de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), por tres años.

Ante las sistemáticas violaciones a los DDHH cometidas por sus efectivos, es razonable cuestionarse la relación entre la formación que reciben y la aplicación de dichos conocimientos, la necesidad de crear estándares especializados para este tipo de instituciones, y si realmente las Escuelas de Oficiales y demás instituciones formadoras de las FFAA corresponden a Instituciones de Educación Superior o si, por el contrario, son instituciones de instrucción y, por ende, debieran estar sujetas a una nueva institucionalidad que resguarde su quehacer formativo y laboral.

El jueves 19 de diciembre recién pasado, la Comisión Nacional de Acreditación comenzó a sesionar a las 07:30 AM, una hora antes del horario normal de funcionamiento y contrario a la tabla de sesiones difundida previamente entre sus funcionarios. Por lo demás, este inédito horario, nunca se había dado en el caso de otras instituciones, o programas de pre y postgrado.

Este hecho, que parece haber ocurrido para evitar posibles manifestaciones ante el ingreso a sesión de la Escuela de Carabineros de Chile, impidió que los mismos trabajadores encargados de facilitar el proceso, (Departamento Jurídico y Coordinadores Institucionales), estuvieran presentes, dificultando los apoyos técnicos a los que se suele acceder para la toma de decisión.

Quienes sí estaban al tanto de la situación fueron la totalidad de las y los Comisionados de la CNA (1) y un grupo de seis oficiales de la institución, quienes ingresaron al recinto de la CNA, en instantes en los que dicho cuerpo colegiado discutía precisamente la acreditación de la Escuela de Oficiales del General Carlos Ibáñez del Campo, entrevistándose con, a lo menos, dos funcionarios del organismo y custodiando la salida y entrada de funcionarias(os).

Aunque todo esto se dio en el contexto de una institución altamente cuestionada por la ciudadanía y organismos nacionales e internacionales de DDHH, por su actuar en las movilizaciones sociales, no se pueden dejar fuera del análisis posterior. Después de todo: ¿alguien podría imaginar como “normal” que la Escuela de Oficiales de Carabineros acredite su calidad, casi de madrugada, con una oficial afuera del salón plenario en el que se delibera el futuro de su institución formadora, provista de su arma de servicio y con granadas de bombas lacrimógenas adosadas a su cuerpo, a vista e “impaciencia” de funcionarias y funcionarios públicos que ingresaban a su jornada de trabajo, y sin la concurrencia de trabajadores claves encargados de facilitar el proceso y resguardar la fe pública del mismo?

Más allá del claro amedrentamiento sufrido, este hecho reabre un antiguo debate e instala al menos tres grandes preguntas en el contexto actual: ¿son las escuelas matrices de las fuerzas armadas y de carabineros de Chile realmente instituciones de educación superior? ¿existe alguna relación entre la formación entregada a sus estudiantes y las sistemáticas violaciones a los DDHH llevadas a cabo por los egresados y por la propia institución? y ¿está preparada la CNA para acreditar la calidad de la educación que imparten estas instituciones formadoras?

Un poco de historia reciente: de la LOCE a la Ley de Educación Superior

Un día antes de abandonar el Gobierno, el dictador Augusto Pinochet, firmó la tristemente célebre Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), en la que se señala que “Las Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, la Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Escuela de Carabineros podrán otorgar títulos técnicos de nivel superior según corresponda a la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia. Estos títulos técnicos de nivel superior de los establecimientos de educación superior, referidos en el inciso anterior, serán equivalentes a los de similar carácter conferidos por los demás establecimientos de educación superior y reconocidos como tales para todos los efectos legales” (2).

Si bien esta ley fue reformada en 2009 (3) por la entonces presidenta Michelle Bachelet, mediante la promulgación de la Ley General de Educación, el articulado correspondiente a las FFAA y Carabineros se mantuvo intacto. De ahí que, dentro del mandato legal conferido a la CNA, y en el marco de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, corresponde a sus funciones la acreditación de dichas instituciones. Esto hizo que, lo que en otros países ha sido materia de intenso debate y participación – Argentina o Colombia (4), por mencionar algunos casos – en Chile fue una decisión tomada a espaldas de la ciudadanía y consagrada en “democracia”.

Más aun, en 2018, y luego de promulgada la nueva Ley de Educación Superior, este articulado siguió intacto y sin cuestionamiento alguno por parte de ambas comisiones de educación, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores.

Ahora bien, una de las innovaciones introducidas por esta ley fue la obligatoriedad de la evaluación de todas las Instituciones de Educación Superior, lo que implica que universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica tengan que acreditarse (aunque no las carreras que imparten). Por ello, si bien Carabineros de Chile acreditó su institución formadora, no está forzada a someter a evaluación las carreras de Orden y Seguridad (conducentes al grado de subteniente de fila).

¿Son Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas Instituciones de Educación Superior?

La situación antes descrita no deja de ser preocupante, considerando que, a diferencia de otras instituciones de educación superior, o de aquellas que se precian de tal, la Escuela de Carabineros no publicita en su página electrónica, (la que se encuentra caída desde fines de 2019) antecedentes básicos de la carrera a la que acceden sus estudiantes, es decir: objetivos formativos, perfiles de ingreso, estructura curricular, cursos, contenidos, bibliografía, cuerpo académico ni convenios establecidos.

Sólo una búsqueda exhaustiva por la red nos muestra la malla curricular de la Escuela de Oficiales vigente al año de 2015. No obstante, la descripción de contenidos, bibliografía o qué profesores están a cargo de impartir las asignaturas sigue siendo un acertijo para el público.

Al respecto, llama la atención al menos tres elementos: lo sobrecargado de dicha malla (hasta 16 asignaturas por semestre), sin que conozcamos la profundidad de los conocimientos que se enseñan, la vaguedad de algunos títulos (Gestión Policial, Sistemas Computacionales Institucionales, entre otros) y la poca presencia de cursos de vinculación con el medio y la ciudadanía (por ejemplo, las asignaturas de Derechos Humanos corresponden al 2% de las actividades curriculares).