Es producto de dicho recorrido y evolución que en la historia de la sociedad occidental han ido surgiendo una serie de derechos y libertades que la han ido caracterizando. Desde las revoluciones  burguesas que dieron origen al Estado liberal, poniéndole fin a las monarquías absolutas, hasta los Estados de bienestar o sociales de post guerra en Europa (fundamentalmente) la búsqueda de la Seguridad Jurídica, Igualdad, Libertad y Solidaridad (ética pública de la modernidad) solo son entendibles si reconocemos que la base de aquello ha sido el avance en la profundización de la doctrina de los Derechos Humanos, y en cómo estos han terminado plasmados en Declaraciones y Tratados Internacionales, así como también en las Constituciones de los países de Occidente.

Después de los horrores de las Guerras Mundiales emana desde la ONU la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, marcando aquello un punto de quiebre en cuanto a la discusión sobre su fundamentación, lo cual llevó a decir al célebre jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio, “El problema de fondo relativo a los Derechos Humanos no es hoy tanto el de justificarlos como el de protegerlos, se trata de un problema político, no filosófico”. En efecto, pareciera que nadie hoy discutiría la existencia de DDHH, que emanan de la dignidad humana. Dignidad fundada en las cualidades inherentes del ser humano (razón, voluntad) que nos hacen portadores de una especial valía o grandeza, la cual debe ser protegida por el Estado y el Derecho.

Teniendo aquello como consenso, es que se ha planteado incluso que: “mientras más se reconozcan y garanticen estos derechos, más legítimo será el poder político y ordenamiento jurídico” (1)

Es evidente que, por ejemplo, un gobierno que no garantice el derecho a la vida a sus gobernados, difícilmente será un poder legítimo, como también a su vez un ordenamiento jurídico que no dé garantías para ello o dé sanciones que corrijan dicho actuar, difícilmente gozará de legitimidad.

Podríamos llegar a decir, no sin razón, que finalmente el respeto de estos derechos, el que estos se vean plasmados en el derecho vigente de nuestras sociedades y que, a su vez, este reconocimiento no sea solamente declarativo o normativo, sino que se disponga por parte del Estado (y los gobiernos de turno) de las voluntades, mecanismos y recursos para que estos se cumplan, brindando los marcos necesarios el mayor desarrollo material y espiritual de cada ser humano, es lo que le dará justificación a la existencia del Estado y la legitimidad del poder estatal.

Ahora bien, en dicho contexto, en el Chile actual, ¿qué nos ha venido a decir esta crisis en nuestro país? ¿Cómo la hemos enfrentado? ¿Cómo hemos reaccionado a ella? Demás está decir que la situación de crisis no es algo desatado por la crisis sanitaria en nuestro país; al contrario, estamos en un “periodo especial” de meses de conflicto social, en donde justamente lo que se ha puesto en entredicho es la capacidad de nuestro ordenamiento jurídico (Constitución) para otorgar las condiciones y/o garantías para el mayor desarrollo material y espiritual de la población. No sólo aquello, sino que, esta crisis vino a desnudar la incapacidad de la elite política para gozar de legitimidad como los actores y/o interlocutores válidos para dar respuesta a ella.

No se trata solamente de lo que no se ha hecho, y de cómo se ha hecho, sino que también de la total desconfianza en quienes han construido esta forma de las cosas en cuanto a su capacidad y voluntad de cambiarlas, de manera tal de dar efectivamente garantías para las mayorías de desarrollarse en plenitud, de avanzar en solidaridad como sociedad, donde haya espacio y oportunidades reales para todos y todas.

Esto ha venido a quedar aún más en manifiesto en la actual crisis sanitaria, en la gestión de ella, tanto en lo propiamente sanitario y preventivo como en las medidas más amplias de protección para sus efectos más allá de lo sanitario, e incluso desde las puestas en escenas comunicacionales para dar cuenta de ello.

Antes de ahondar en ello, estimo necesario dar cuenta de un punto no menos importante para comprender el escenario que se busca graficar. La administración actual es muy probablemente, desde la dictación de la Constitución del 80, la que se siente más cómoda y representada por el ordenamiento que esta ha plasmado en el país y sus valores. Es cosa de revisar las campañas, el programa de gobierno, las distintas declaraciones, antes, durante y después de estas crisis, para decir -sin temor a equivocarse- que han sido los más fieles representantes de la voz constituyente de la Constitución del 80. Esto es muy importante para comprender la “tozudez”, la dificultad para leer los escenarios, la incomodidad, etc., manifiestas en estos meses.

Volvamos a la crisis sanitaria. En todo momento ha estado presente (de manera pública, incluso) la tensión entre el bienestar sanitario de la población vs. el bienestar de nuestra economía. Pareciera que incluso en este escenario la propiedad privada, el mercado, la libre empresa, la inversión, etc., son valores intocables, intransables. La búsqueda de la “normalidad” a toda costa no ha hecho más que poner en evidencia que esa “normalidad” es justamente el problema. Es aquella la que nos ha llevado hasta acá, y difícilmente es la que nos entregará las luces para salir de esta situación compleja, desafiante y excepcional.

Paradigmático de ello han sido las medidas económicas adoptadas. Y las no adoptadas también, por cierto. A diferencia de otros países que han optado por congelamiento de pagos, condonación de estos, ayudas económicas directas a las familias, garantías de ingresos, etc., aquí se ha optado por prorratear los pagos (no pague hoy, pague cuando la crisis pase), en dotar de la mayor flexibilidad posible a las empresas para ahorrarse el pago de sueldos, y/o despidos de sus trabajadores, la disposición de un gran presupuesto público de incentivos para ellas, etc. Es decir, la misma receta que ya nos tenía enfermos pretende ahora resolver las consecuencias de esta nueva enfermedad que nos amenaza. La ética que subyace a la Constitución del 80, una ética de mínimos, de arréglate como puedas y sálvese quien pueda. Una ética que arrincona a los individuos, que los lleva al mero sobrevivir y no a vivir. Qué decir de alcanzar el máximo de desarrollo de sus potencialidades materiales y espirituales.

Lo grave de todo esto es observar cómo esta elite política que nos gobierna no ha aprendido las lecciones de octubre. Lo grave es que parecen no darse cuenta que lo que se pone en entredicho no es solamente la legitimidad de un gobierno. Lo que se pone en riesgo es finalmente toda la base de nuestra institucionalidad, no solo de esta Constitución, sino de los valores de la Democracia, Libertad, Igualdad y Solidaridad, dejando espacios para los populismos y totalitarismos, escenarios aún peores que el actual. Así de grave es el abismo en el cual la Constitución del 80 nos tiene sumergidos.

(1) ALDUNATE, Eduardo, Derechos Fundamentales, Santiago, 2008, Pág. 47.