Hoy, 19 de Octubre recordamos especialmente a todas y a todos los ejecutados debido al paso de la Caravana de la Muerte por Antofagasta y Calama

  • Luis Eduardo Alaniz Álvarez, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 23 años de edad.
  • Dinator Segundo Ávila Rocco, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 31 años de edad.
  • Guillermo Nelson Cuello Álvarez, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 30 años de edad.
  • Segundo Norton Flores Antivilo, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 25 años de edad.
  • Darío Armando Godoy Mansilla, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 18 años de edad.
  • José Boeslindo García Berríos, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 66 años de edad.
  • Miguel Hernán Manríquez Díaz, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 25 años de edad.
  • Danilo Alberto Moreno Acevedo, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 28 años de edad.
  • Washington Radomil Muñoz Donoso, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 35 años de edad.
  • Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del MAPU, 26 años de edad.
  • Héctor Mario Silva Iriarte, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 38 años de edad.
  • Alexis Alberto Valenzuela Flores, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 29 años de edad.
  • Marco Felipe de la Vega Rivera, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 46 años de edad.
  • Mario del Carmen Arqueros Silva, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 45 años de edad.

 

El 19 de octubre de 1973 a la 01:20 horas, fueron ejecutadas por efectivos del Ejército, cerca de Antofagasta, las siguientes personas: Luis Eduardo ALANIZ ALVAREZ, de 23 años de edad, estudiante de Periodismo de la Universidad del Norte, militante socialista; quien a fines de septiembre se entregó voluntariamente a las autoridades militares de Arica, ante el requerimiento público hecho por las autoridades de Antofagasta. Desde aquella localidad fue trasladado a la Cárcel de esta última ciudad, donde al parecer se le inició un proceso, acusado de poseer armas, el que no fue concluido. Dinator Segundo AVILA ROCCO […] Guillermo Nelson CUELLO ALVAREZ […] Segundo Norton FLORES ANTIVILO […] Darío Armando GODOY MANSILLA […] José Boeslindo GARCIA BERRIOS […]  Miguel Hernán MANRIQUEZ DIAZ […] Danilo MORENO ACEVEDO […] Washington Radomil MUÑOZ DONOSO […] Eugenio RUIZ TAGLE ORREGO […]Héctor Mario SILVA IRIARTE […] Alexis VALENZUELA FLORES […] Marco Felipe DE LA VEGA RIVERA […] Mario del Carmen ARQUEROS SILVA […] El 21 de octubre de l973 se publicó en la prensa de Antofagasta un comunicado oficial que daba cuenta de la ejecución de Mario Silva, Eugenio Ruiz Tagle, Washington Muñoz y Miguel Manríquez, señalándose que «las ejecuciones fueron ordenadas por la Junta Militar de Gobierno…». El 24 de octubre apareció un segundo comunicado público que daba cuenta de las ejecuciones de Luis Alaniz, Danilo Moreno y Nelson Cuello, indicándose que por «resolución de la Honorable Junta de Gobierno, el día 20 en la madrugada se procedió al fusilamiento de tres personas…», las ya indicadas.
No hubo versión oficial de los restantes siete ejecutados del día 19 de Octubre.
Comunicados oficiales posteriores, tanto de autoridades provinciales como nacionales, hacen referencia a esas ejecuciones como si ellas fueran la consecuencia del cumplimiento de sentencias dictadas por Consejos de Guerra. En informes entregados por el Gobierno de la época a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se señalaba que Eugenio Ruiz Tagle y Héctor Silva, entre otros, habían sido procesados en la causa 349 73 seguida ante el Primer Juzgado Militar de Antofagasta, comprobándosele a Ruiz Tagle «su participación en el delito de malversación de caudales públicos…y giro de fondos para adquirir armamentos para el Partido Socialista y el Movimiento de Acción Popular. Además se acreditó su responsabilidad en la organización de un plan terrorista preparado para los días 18 y 19 de septiembre de l973… el tribunal correspondiente le impuso la pena de muerte que se cumplió por fusilamiento el 19 de octubre de l973». En cuanto a Héctor Silva, según esa versión, se le habrían acreditado diversos delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, atentado contra la Seguridad del Estado, tenencia ilegal de armamentos y explosivos, agregándose que «su participación en estos actos se comprobó fehacientemente «. En la causa confesó su participación, como propiciador, organizador y principal dirigente de una organización paramilitar…En el proceso respectivo … se le condenó a la pena de muerte, que fue cumplida mediante fusilamiento el 19 de octubre de l973». Tras analizar detenidamente los antecedentes recibidos y los testimonios recogidos de diversas fuentes, la Comisión se formó la convicción de que las muertes de las catorce personas antes individualizadas correspondieron a ejecuciones de responsabilidad de agentes del Estado que actuaron al margen de toda legalidad, lo cual constituyó una violación de sus derechos humanos, en especial a la integridad física, al justo proceso y a la vida. Fundamenta su convicción en las siguientes consideraciones:
-Respecto de la mayoría de los ejecutados existen testimonios verosímiles de que mientras estuvieron privados de libertad y antes de ser muertos, fueron atrozmente torturados. Ello, desde luego, invalidaría cualquier confesión prestada.
-La versión oficial que daba cuenta de la existencia de un proceso judicial que habría concluido en la condena a muerte de los catorce afectados es contradictoria con la primera información que daba cuenta de una decisión de la Honorable Junta de Gobierno; -Que a pesar de los requerimientos hechos por la Comisión, no fue posible obtener las piezas del proceso que se habría sustanciado en contra de los ejecutados, lo que junto a los demás antecedentes la lleva a concluir que este nunca existió; -Que, además, la primera versión acerca de la decisión de la Junta de Gobierno es coherente con el hecho que al momento de los fusilamientos se hallaba presente en Antofagasta una comitiva militar procedente de Santiago con autoridad delegada precisamente de las más altas autoridades nacionales;
-Que a este último respecto, las versiones que han entregado los protagonistas son contradictorias en cuanto a la procedencia de las órdenes de ejecución, pero ninguna alega que haya existido un Consejo de Guerra; -Que en el evento que se hubiese realizado alguna especie de juzgamiento de los ejecutados, ello ocurrió sin conocimiento de sus familiares y abogados, lo que significó que los afectados carecieran de derecho a defensa; -Que, cualquiera que haya sido el origen de la orden de ejecutar a los catorce detenidos, en sus fusilamientos participaron oficiales y efectivos militares del Regimiento Antofagasta y oficiales integrantes de la comitiva procedente de Santiago.

 

  • Jorge Antonio Aránguiz González, detenido desaparecido el 19-10-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 16 años de edad.

 

El 19 de octubre de 1973, desaparece Jorge Antonio ARANGUIZ GONZALEZ, 16 años de edad, estudiante de enseñanza media. El afectado había protagonizado un incidente con una vecina de la población Rosita Renard, donde vivía, la que lo denunció a carabineros. Los efectivos policiales llegaron algunos momentos después hasta el domicilio de Aranguiz, con el propósito de detenerlo según afirma su familia, sin encontrarlo porque éste había huido antes. Estos hechos quedaron debidamente acreditados en la investigación judicial que se siguió por la desaparición de Aranguiz, mediante múltiples declaraciones de testigos presenciales. Desde ese día se ignora el paradero de Aranguiz, no obstante las diversas gestiones realizadas por su familia para ubicarlo, entre ellas, la investigación judicial mencionada. Consultados diversos organismos públicos, tampoco el afectado ha efectuado ante ellos gestión alguna en los últimos años, ni registra salida del territorio nacional. Por estas consideraciones, ésta Comisión ha llegado a la convicción que Aranguiz fue hecho desaparecer por agentes del Estado, lo que lleva a considerarlo como una víctima de violación a sus derechos fundamentales.

 

  • Mario Arguellez Toro, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 34 años de edad.
  • Carlos Berger Guralnik, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 30 años de edad.
  • Haroldo Ruperto Cabrera Abarzúa, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 34 años de edad.
  • Carlos Alfredo Escobedo Caris, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 24 años de edad.
  • Daniel Jacinto Garrido Muñoz, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, sin militancia, 22 años de edad.
  • Luis Alberto Hernández Neira, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 32 años de edad.
  • Hernán Elizardo Moreno Villarroel, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 29 años de edad.
  • Luis Alfonso Moreno Villarroel, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 30 años de edad.
  • David Ernesto Miranda Luna, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 47 años de edad.
  • Rafael Enrique Pineda Ibacache, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 24 años de edad.
  • Carlos Alfonso Piñeiro Lucero, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 28 años de edad.
  • Fernando Roberto Ramírez Sánchez, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 25 años de edad.
  • Sergio Moisés Ramírez Espinoza, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, sin militancia, 29 años de edad.
  • Alejandro Rodríguez Rodríguez, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 47 años de edad.
  • José Gregorio Saavedra González, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del MIR, 18 años de edad.
  • Domingo Mamani López, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 41 años de edad.
  • Jerónimo Jorge Carpanchai Choque, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 28 años de edad.
  • Bernardino Cayo Cayo, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 43 años de edad.
  • Luis Alberto Gahona Ochoa, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 28 años de edad.
  • Manuel Segundo Hidalgo Rivas, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PC, 23 años de edad.
  • Rolando Jorge Hoyos Salazar, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 38 años de edad.
  • Rosario Aguid Muñoz Castillo, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 26 años de edad.
  • Milton Alfredo Muñoz Muñoz, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 33 años de edad.
  • Víctor Alfredo Ortega Cuevas, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 34 años de edad.
  • Roberto Segundo Rojas Alcayaga, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, militante del PS, 36 años de edad.
  • Jorge Rubén Yueng Rojas, asesinado el 19-10-1973, de la región de Antofagasta, sin militancia, 37 años de edad.

 

El 19 de octubre de 1973 fueron ejecutadas por personal militar, en el camino entre Calama y Antofagasta, las siguientes 26 personas: Mario ARGUELLES TORO, de 34 años de edad, taxista, dirigente socialista; detenido el 26 de septiembre de 1973 y condenado por Consejo de Guerra del 16 de octubre a tres años de relegación al sur del paralelo 38. A la fecha de su ejecución se encontraba detenido en la Cárcel a la espera de la Comisión de Gendarmería que lo llevaría al lugar de su condena.
Carlos BERGER GURALNIK […] Haroldo CABRERA ABARZUA […] Carlos Alfredo ESCOBEDO CARIS […] Daniel GARRIDO MUÑOZ […] Luis Alberto HERNANDEZ NEIRA […] Hernán Elizardo MORENO VILLARROEL […] Luis Alfonso MORENO VILLARROEL […] David MIRANDA LUNA […] Rafael Enrique PINEDA IBACACHE […] Carlos Alfonso PIÑERO LUCERO […] Fernando Roberto RAMIREZ SANCHEZ […] Sergio Moisés RAMIREZ ESPINOZA […]  lejandro RODRIGUEZ RODRIGUEZ […]
José Gregorio SAAVEDRA GONZALEZ […] Domingo MAMANI LOPEZ […]
Jerónimo CARPANCHI CHOQUE […] Bernardino CAYO CAYO […]
Luis Alberto GAHONA OCHOA […] Manuel HIDALGO RIVAS […]
José Rolando HOYOS SALAZAR […] Rosario Aguid MUÑOZ CASTILLO […]
Milton Alfredo MUÑOZ MUÑOZ […] Víctor Alfredo ORTEGA CUEVAS […]
Roberto Segundo ROJAS ALCAYAGA […] Jorge Rubén YUENG ROJAS […]
Los últimos diez mencionados prestaban servicios en la planta de Explosivos Dupont de empresa ENAEX y fueron detenidos en dependencias de la empresa el día 12 de octubre de 1973 a mediodía, por personal de Carabineros, siendo llevados inmediatamente a la Comisaría ubicada en el sector de Dupont. El mismo día los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Calama, donde permanecieron en calidad de incomunicados alrededor de cinco días. Durante su detención en ese Recinto fueron llevados en diversas oportunidades a otros lugares para ser sometidos a interrogatorios y torturas. El día 17 de octubre fueron ingresados en la Cárcel Pública. No existen antecedentes precisos sobre los cargos que se les imputaban, como tampoco sobre su situación procesal a la época de sus ejecuciones. El día 20 de octubre de 1973 se dio a conocer por medio de la prensa una información oficial emanada del Jefe de Plaza, que señalaba que 26 detenidos de la Cárcel de Calama habían sido muertos por el personal militar que les transportaba a la Cárcel de Antofagasta, cuando aquellos intentaron huir aprovechando un desperfecto eléctrico del vehículo en el que eran trasladados.
Idéntica versión se dio a los familiares directos de los ejecutados, a quienes además no se les hizo entrega de sus restos, sino solo de certificados de defunción que indicaban como lugar de la muerte, Calama, y como causa, fusilamiento. Respecto de los cuerpos, existió un compromiso de la autoridad militar de la época en orden a entregarlos al cabo de un año, compromiso que no obstante constar en documentos entregados a las familias, jamás se cumplió. A pesar de las sucesivas investigaciones para lograr dar con el paradero de los cuerpos, sólo durante 1990 se logró hallar el lugar en el que al menos durante un tiempo estuvieron ilegalmente inhumados y desde donde fueron retirados o explosionados en alguna ocasión. A pesar de ello, pudo identificarse pericialmente restos de Haroldo Cabrera.
En cuanto a los hechos que condujeron al fusilamiento de los 26 detenidos de Calama, la Comisión se formó convicción que todos ellos fueron ejecutados al margen de la ley, con crueldad y ensañamiento, hecho ilícito de responsabilidad de agentes del Estado. Se fundamenta tal convicción en las siguientes circunstancias:
– La versión de la autoridad en orden a que haya existido un traslado de los reos resulta inverosímil, sobre todo cuando se hallaba en el lugar una comitiva procedente de Santiago precisamente para revisar la situación procesal de los detenidos, sosteniéndose incluso, aunque ello no ha podido ser comprobado, que cuando los detenidos fueron sacados de la Cárcel se hallaba sesionando un Consejo de Guerra que les afectaba, lo que hace aún más absurdo que estos fueran llevados hacia otro lugar. Tampoco tiene sentido el traslado si se considera que un significativo número de los detenidos tenía a esa fecha dictada sentencia condenatoria en su contra, otros estaban siendo procesados, otros debían ser relegados y algunos no tenían siquiera proceso iniciado, lo que contribuye a desvirtuar la existencia de algún motivo o razón que explique la necesidad de trasladar a todos ellos y en conjunto, a la ciudad de Antofagasta.
– Es improbable que haya existido un intento de fuga, entre otras cosas, por encontrarse entre los detenidos personas que estaban condenadas a penas relativamente muy bajas; por haber otros que estaban en precarias condiciones físicas producto de las torturas recibidas; y finalmente por la extrema dificultad de huir estando custodiados por un grueso destacamento militar;
– Aún más importante que lo anterior es que en las declaraciones públicas de las diversas autoridades y oficiales que tuvieron participación en los hechos, se ha discutido sobre quién dio la orden de proceder a las ejecuciones, sin aducir que se habría tratado en realidad de un intento de fuga, desmintiendo todos ellos la explicación inicial; – Diversos testimonios confiables hacen concluir que en los fusilamientos participaron oficiales del Regimiento de Calama y de la comitiva venida desde Santiago; – En relación a estos hechos no hubo investigación institucional que ordenaran las autoridades competentes para lograr el debido esclarecimiento de los hechos y delimitar las debidas responsabilidades, como era procedente. Asimismo, los procesos judiciales, que terminaron siendo de la competencia de la Justicia Militar, fueron sobreseídos por aplicación del Decreto Ley de Amnistía; – El hecho que sus cuerpos no hayan sido entregados a sus familiares, hace presumir un afán de ocultar los sucesos.

 

  • Óscar Arismendi Medina, asesinado el 19-10-1973, de la región de los Lagos – comuna de LlANQUIHUE – militante del PS, 46 años de edad.
  • Francisco del Carmen Avendaño Bórquez, asesinado el 19-10-1973, de la región de los Lagos – comuna de LlANQUIHUE – militante del MIR, 20 años de edad.
  • José Antonio Barría Barría, asesinado el 19-10-1973, de la región de los Lagos – comuna de PUERTO MONTT – militante del MIR, 24 años de edad.
  • José Mario Cárcamo Garay, asesinado el 19-10-1973, de la región de los Lagos – comuna de PUERTO MONTT – militante del MIR, 26 años de edad.
  • José Luis Felmer Klenner, asesinado el 19-10-1973, de la región de los Lagos – comuna de PUERTO MONTT – militante del MIR-FTR, 20 años de edad.
  • Mario César Torres Velásquez, asesinado el 19-10-1973, de la región de los Lagos – comuna de PUERTO MONTT – sin militancia, 33 años de edad.

El 19 de octubre de 1973, fueron ejecutados por sentencia del Consejo de Guerra Rol Nº 11 73 de la Fiscalía Militar en Tiempo de Guerra, acusados de intentar asaltar la Tenencia de Carabineros de Fresia y asaltar el 12 de septiembre de 1973 el Retén de Carabineros de Neltume, -Oscar ARISMENDI MEDINA, 46 años, obrero agrícola, Dirigente del Sindicato Campesino del asentamiento El Toro y militante socialista; -Francisco del Carmen AVENDAÑO BORQUEZ, 20 años, profesor normalista y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); -José Antonio BARRIA BARRIA, 23 años, obrero agrícola, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); -José Mario CARCAMO GARAY, 26 años, Técnico agrícola, militante del MIR; -José Luis FELMER KLENNER, 20 años, Empleado, estudiante de Agronomía, militante del MIR; y -Mario César TORRES VELASQUEZ, 32 años, linotipista. Esta Comisión tuvo acceso al proceso, luego de haberlo solicitado a las autoridades de la Fuerza Aérea pertinentes. Además se contó con copia de la sentencia de dicho Consejo de Guerra, obtenida de otra fuente, la cual contiene un resumen del proceso, en sus considerandos y parte resolutiva. Tras analizarlo, en conjunto con otra serie de antecedentes y testimonios recibidos, la Comisión ha llegado a la convicción que los ejecutados fueron víctimas de una violación de los derechos humanos cometida por agentes del Estado, en especial al derecho a la vida y al justo proceso. Avalan esa convicción los antecedentes comunes a todos los juicios de guerra del período, antecedentes que se han expuesto en la parte general del Informe, y las siguientes consideraciones específicas: -El abogado defensor de los reos testimonió que en su concepto no pudo desarrollar una defensa adecuada, ya que no contó con tiempo para ello y no pudo entrevistarse con los reos; -El delito por el cual fueron en definitiva condenados a muerte es el del artículo 248 Nº2 del Código de Justicia Militar, que sanciona «al que, en caso de guerra y con el propósito de favorecer al enemigo o de perjudicar a las tropas chilenas, cometiere una acción u omisión que no esté comprendida en los artículos precedentes ni constituya otro delito expresamente penado por las leyes». Este delito es de competencia militar propia y solo puede ser cometido por militares, en situación de guerra externa y cometido «con el objeto de favorecer al enemigo o perjudicar a las tropas chilenas», por lo cual el tribunal no resultaba competente para juzgar civiles, máxime cuando no existía guerra externa. -Del estudio del proceso se determina que algunos de los reos no estaban en conocimiento de las supuestas actividades ilícitas que se les imputaron. Es más, indican en la causa que estaban en el lugar por razones de su seguridad personal, en razón de sus militancias políticas. -En la sentencia tenida a la vista no existe ninguna referencia a medios probatorios distintos a las meras confesiones de los reos, tales como careos, pericias y documentos, algunas de las cuales se obtuvieron, pero no se ponderaron. -Se aplicaron dos agravantes a los reos, la de haber cometido el delito con ocasión de una conmoción popular, circunstancia que se acreditó en el proceso dada la «pública notoriedad y dada la situación por la que atraviesa la República»; y la de ejecutar el delito con desprecio o en ofensa de la autoridad pública, «toda vez que el desobedecimiento de los Bandos de la Junta Militar de Gobierno y de la Jefatura de Zona en Estado de Emergencia de Llanquihue y Chiloé significa justamente un desprecio reiterado, una burla y un desdén a las autoridades que los dictaron». Sin embargo, no se ponderó ninguna atenuante a los reos, rechazándose lo alegado por la defensa en el sentido que favorecía a los defendidos la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, expresándose textualmente en el fallo que » no se encuentra acreditada en autos y demás porque del propio contexto de la defensa de los reos se desprende que venían formando un grupo armado desde Junio de 1973 hasta la fecha de su detención, como lo reconoce la propia defensa, y en consecuencia se encontraban delinquiendo en forma reiterada, lo que obsta a toda buena conducta anterior»; -Los condenados estuvieron en régimen de incomunicación, y no pudieron entrevistarse con el abogado; -Finalmente, los malos tratos a los prisioneros invalidan cualquier confesión que éstos hubieren podido prestar en ella, en cuanto privan de libertad y voluntariedad a sus declaraciones.

 

  • Anjel Custodio Catalán Pérez, asesinado el 19-10-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 34 años de edad.

 

CATALAN PEREZ, ANJEL CUSTODIO: muerto el 19 de octubre de 1973 en Santiago. Todas estas personas murieron entre el 11 de septiembre y el mes de diciembre de 1973, en la vía pública, por heridas de bala, según se consigna en los respectivos Certificados Médicos de Defunción del Instituto Médico legal. Sus casos fueron presentados a la Corporación por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sin otros antecedentes que los señalados. Las investigaciones realizadas por esta Corporación tampoco pudieron allegar mayores antecedentes de estas víctimas. Pese a que en las investigaciones respectivas no fue posible establecer las circunstancias precisas en que ocurrieron estos fallecimientos, el Consejo Superior consideró la existencia de factores comunes entre ellos, acerca de la época, hora, lugar, y en especial, la similar causa de muerte. Asimismo, apreció que existe una evidente analogía con otras situaciones, en las cuales existen los mismos elementos circunstanciales anotados, las que por encontrarse más documentadas fueron objeto de relatos individuales en este Informe. En tal virtud, llegó a la convicción de que todos estos casos estaban estrechamente vinculadas con la situación de violencia política que existía en la época en el país y en especial en la ciudad de Santiago. En tal virtud, declaró a las personas anteriormente individualizadas víctimas de la violencia política.

 

  • Luis Alberto Inostroza Orellana, asesinado el 19-10-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 23 años de edad.

 

Luis Alberto Inostroza Orellana murió ese día a las 6:30 horas, en el Zanjón de la Aguada, por herida de bala abdominal, como acredita el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. Según declaraciones de sus familiares y de un testigo sobreviviente, Luis Inostroza fue arrestado horas antes de su muerte por efectivos de Carabineros que allanaron su domicilio, una residencial ubicada en calle Ñuble con Vicuña Mackenna. Todos los varones residentes en el lugar fueron detenidos y trasladados a la Cuarta Comisaría, donde se les sometió a malos tratos. Al cabo de dos horas, Luis Inostroza fue sacado del recinto policial. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado en el Zanjón de la Aguada. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Luis Alberto Inostroza Orellana fue ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado, mientras se encontraba detenido, hecho que constituye una violación de derechos humanos.

 

  • Julio Alberto Muñoz Serpa, asesinado el 19-10-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 21 años de edad.

 

MUÑOZ SERPA, JULIO ALBERTO: 21 años, casado, comerciante ambulante, ejecutado el 19 de octubre de 1973 en Santiago. Carlos Germán Candia Vásquez murió ese día a las 6:00 horas, en el Camino Lo Espejo, por heridas de bala cráneo encefálicas, según consigna el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. murió ese día a las 6:30 horas, en el Camino Lo Espejo, por heridas de bala cráneo encefálicas, según acredita el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. Según familiares que presenciaron los hechos, ambos fueron detenidos en la madrugada del día 16 de octubre, en sus respectivos domicilios de la población La Palmilla, comuna de Conchalí, por efectivos de la Fuerza Aérea que realizaban un operativo. También fue detenido en esa oportunidad Pedro Troncoso Saavedra, quien fue declarado víctima de violación de derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.Estas tres personas fueron sacadas de sus casas en presencia de familiares y formadas en la vía pública junto a otros pobladores. Posteriormente, fueron conducidos hasta la Comisaría de Carabineros del sector. Días después y luego de una intensa búsqueda, sus cadáveres fueron encontrados y reconocidos por sus familiares en el Instituto Médico Legal. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada, el Consejo Superior de esta Corporación llegó a la convicción de que Carlos Germán Candia Vásquez y Julio Alberto Muñoz Serpa fueron ejecutados por agentes del Estado, al margen de proceso legal y mientras se encontraban detenidos, situación que constituye una violación de derechos humanos.

 

  • Bernardo Nahuelcoy Chihuaicura, asesinado el 19-10-1973, de la región de la Araucanía, militante del PS, 32 años de edad.

 

Carahue y Puerto Saavedra

En el mes de octubre de 1973, murieron cuatro personas que fueron detenidas en Puerto Saavedra. En tres de los casos, los hechos se produjeron la noche que llegó a esa localidad un contingente de militares. Los cuerpos sin vida de todas estas personas fueron abandonados y encontrados por sus familiares en el río Imperial o a orillas del mar, con numerosos impactos de bala. Se trata de Francisco Segundo CURAMIL CASTILLO, 18 años, agricultor y su tío Mauricio HUENUCOI ANTIL también agricultor, quienes junto a Bernardo NAHUELCOY CHIHUAICURA, 32 años, militante del Partido Socialista y un numeroso grupo de otros campesinos del asentamiento de Puerto Saavedra, fueron detenidos por efectivos militares provenientes de Temuco. Francisco Pascual PORMA CHEUQUECOY, 42 años, militante socialista, fue detenido por carabineros en su domicilio de Puerto Saavedra y conducido a la Tenencia del lugar. La familia de Nahuelcoy afirma que los carabineros le informaron que había sido trasladado a Temuco, no obstante lo cuál, su cadáver fue arrojado al mar y encontrado por su viuda, con el rostro destrozado por un impacto de bala y sin dentadura. El cuerpo sin vida de Mauricio Huencoi fue encontrado cuatro días después de la detención, en la localidad de Nahuentué a orillas de la desembocadura del río Imperial, también con impactos de bala. En similares circunstancias fue encontrado el cadáver de Francisco Segundo Curamil y también el de Francisco Pascual Porma, el que estaba tirado en la playa, con el cráneo destrozado. Analizados los antecedentes de los casos expuestos, a esta Comisión le asiste convicción que Francisco Curamil, Mauricio Huenucoi, Bernardo Nahuelcoy y Francisco Porma fueron detenidos y torturados por agentes del Estado, quienes, luego de ejecutarlos intentaron ocultar sus cuerpos. Estos hechos constituyen una grave violación a los derechos humanos de estas víctimas.

 

  • Jorge Roberto Sáez Vicencio, detenido desaparecido el 19-10-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 23 años de edad.

 

Jorge Roberto Sáez Vicencio fue detenido ese día en la tarde, en la vía pública, en la comuna de Ñuñoa, por carabineros que lo condujeron hasta la Décimo Tercera, actual Décimo Octava, Comisaría de Carabineros de Ñuñoa. Desde ese momento se encuentra desaparecido. De acuerdo con lo señalado por testigos, alrededor de las 16:00 horas ese día, Jorge Sáez fue detenido en compañía de Jorge Antonio Aránguiz González, a dos cuadras del domicilio del primero, en la población Jaime Eyzaguirre de la comuna de Ñuñoa, mientras se encontraban en la intersección de las calles Ramón Cruz y Rodrigo de Araya. Los familiares de ambos, que fueron advertidos del hecho por un testigo, concurrieron ese mismo día al recinto policial, pero en ese lugar negaron los arrestos. Desde la fecha de su aprehensión ambos permanecen desaparecidos. Jorge Aranguiz González fue calificado como víctima de violación de derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Jorge Roberto Sáez Vicencio fue detenido por agentes del Estado y desapareció mientras se le mantenía en esa calidad. Por tal razón, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

 

  • Pedro Enrique Troncoso Saavedra, asesinado el 19-10-1973, de la región Metropolitana, sin militancia, 33 años de edad.

 

El 19 de octubre de 1973, fue ejecutado Pedro Enrique TRONCOSO SAAVEDRA, 33 años, pintor. El afectado fue detenido ese mismo día en su domicilio de Conchalí, en presencia de testigos, por efectivos de la Fuerza Aérea. Su cuerpo sin vida fue encontrado una hora más tarde en el Camino Lo Espejo, según lo señala el respectivo protocolo de autopsia, siendo la causa de su fallecimiento una herida de bala cráneo encefálica, con salida de proyectil. Teniendo presente que las últimas noticias disponibles de Troncoso, son el momento en que es aprehendido por efectivos de la Fuerza Aérea, y su posterior aparición sin vida en la vía pública, a lo que se agrega la causa de la muerte ya indicada, ésta Comisión se ha formado convicción que fue víctima de una violación de su derecho a la vida, por actos cometidos por agentes del Estado.

 

  • Jorge Vallejos Ramos, detenido desaparecido el 19-10-1973, de la región de los Lagos – comuna de VALDIVIA – Militante del PS, 34 años de edad.

 

Jorge Vallejos Ramos, consejero comunal del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, fue detenido ese día en su domicilio, por un grupo de militares y carabineros. Desde esa fecha se encuentra desaparecido. Según declaraciones de testigos y familiares, ese día, alrededor de las 10:00 horas, una patrulla formada por militares y carabineros llegó hasta la vivienda de Jorge Vallejos, ubicada en el sector rural de Ñancul, comuna de Panguipulli. Luego de golpearlo y amenazar a su grupo familiar, lo subieron a un camión y se lo llevaron con destino desconocido. Desde entonces, y pese a las diligencias efectuadas por sus familiares, no ha sido posible obtener noticias acerca de su paradero. De acuerdo con lo afirmado por testigos, su cuerpo fue encontrado en la localidad de Máfil por carabineros, quienes lo inhumaron sin notificar de este hecho. Tal como lo informaron diversos medios de prensa de la época, después de 11 de septiembre de 1973 llegaron hasta la zona de Panguipulli grupos de fuerzas especiales del Ejército, provenientes de Santiago. Su misión era actuar en el Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli para terminar con la resistencia que presentaban aproximadamente doscientos trabajadores. Considerando los antecedentes reunidos y las investigaciones realizadas por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Jorge Vallejos Ramos fue hecho desaparecer mientras se encontraba detenido por agentes del Estado. En consecuencia, lo declaró víctima de violación de derechos humanos.

 

  • Ramón Víctor Zúñiga Sánchez, asesinado el 19-10-1973, de la región Metropolitana, simpatizante del PS, 31 años de edad.

 

Ramón Víctor Zúñiga Sánchez murió ese día a las 5:30 horas, en la vía pública, por heridas de bala facio craneana, cervical y torácica, con salida de proyectiles, según consta en el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal. Según lo declarado por familiares, Ramón Zúñiga fue detenido el 27 de septiembre de 1973 por efectivos militares que allanaron su vivienda ubicada en la población La Pincoya. Como no era liberado, y al ignorar el recinto en que se encontraba detenido, su cónyuge dejó constancia en la Comisaría de Carabineros de la Pincoya del desaparecimiento de su marido y lo buscó en postas, en el Estadio Nacional y en el Instituto Médico Legal, sin obtener resultados positivos. El año 1974, funcionarios de la Policía de Investigaciones le informaron que Ramón Zúñiga había muerto y se encontraba sepultado en el Patio Nº 29 del Cementerio General de Santiago. De acuerdo con lo informado por la Dirección de dicho cementerio, sus restos, que se encontraban enterrados en una sepultura del Patio Nº 29, fueron exhumados e incinerados en 1981, de acuerdo a disposiciones reglamentarias. Considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Ramón Víctor Zúñiga Sánchez fue detenido y ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado, lo que constituye una violación de derechos humanos.

 

  • Hernán Santos Pérez Álvarez, detenido desaparecido el 19-10-1977, de la región Metropolitana, militante del MIR, 24 años de edad.

 

El 17 de octubre de 1977 luego de salir de la casa de una amiga, alrededor de las 21:30 horas, fue detenida la estudiante y militante del MIR, Jenny del Carmen BARRA ROSALES. El día 19 de octubre de 1977, al salir del Jardín Infantil G 27, de la Población Teniente Merino, donde trabajaba, es detenido por un grupo de agentes de civil, el joven Hernán Santos PEREZ ALVAREZ. Este último, militante del PS y amigo de Jenny Barra es golpeado con manoplas e introducido a viva fuerza a un vehículo. El secuestro fue presenciado por numerosos testigos quienes lograron registrar la patente de uno de los vehículos utilizados. En el interior de dicho vehículo fue vista, acompañada de tres sujetos, Jenny Barra estando ya detenida. La investigación judicial permitió aclarar que la patente del vehículo utilizado en estos hechos, correspondía a una patente de gracia, otorgada por la Municipalidad de Renca al organismo denominado Dinar que tenía registrado domicilio en el edificio Diego Portales. Estos antecedentes agregados a otras evidencias le permiten a esta Comisión llegar a la convicción que la detención y desaparición de la Jenny Barra y de Hernán Pérez fue practicada por agentes de la DINA, quienes violaron así sus derechos humanos.