Finalizamos el mes de Mayo recordando a tantas compañeras y compañeros detenidos, ejecutados, asesinados y desaparecidos…. recordamos a los que cayeron los días 29, 30 y 31 de Mayo

  • Carlos Antonio Vargas Arancibia, detenido desaparecido el 29-05-1975, de la región de Valparaíso, militante del JRR, 36 años de edad.

(El 29 de mayo de 1975 fue detenido Carlos Antonio VARGAS ARANCIBIA, de 36 años, electricista, militante de la Juventudes Radicales Revolucionarias (JRR). Era militante de las JRR de la ciudad de Limache. Desde el momento de su desaparición no se ha sabido nada de él. La Comisión adquirió la convicción de que su desaparecimiento fue de responsabilidad de agentes estatales, quienes así violaron sus derechos fundamentales).
  • Matilde Pessa Mois, detenida desaparecida el 29-05-1977, extranjera, sin militancia, 42 años de edad.
  • Jacobo Stoulman Bortnik, detenido desaparecido el 29-05-1977, extranjero, sin militancia, 43 años de edad.

(El 29 de mayo de 1977 fue detenido a la llegada del vuelo en que se desplazaban entre Santiago y Buenos Aires, antes de pasar el control de Policía Internacional el matrimonio chileno formado por Matilde PESSA MOIS y Jacobo STOULMAN BORTNIK, sin militancia ni vinculaciones de tipo político. Posteriormente a su detención el matrimonio se encontró registrado en el Hotel Winston Palace de Buenos Aires, en esa época, usado por los servicios de seguridad de Argentina. La Comisión tiene la convicción de que se trata de víctimas de violación a los derechos humanos. El caso, sin embargo, no se da en el cuadro de contexto antes narrado, dado que las víctimas carecían de militancia. La Comisión comprobó que la DINA tuvo conocimiento de este caso, pero carece de fundamentos para atribuir esta desaparición a agentes del Estado de Chile. (Nota: Para la publicación de este interactivo se ha realizado una corrección.  En el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), el apellido de  Jacobo Stoulman Bortnik figura como «STULMAN BORTNICK»; la forma correcta es «STOULMAN BORTNIK»).
  • Isidoro Segundo Castro Villanueva, detenido desaparecido el 29-05-1977, de la región de Tarapacá, sin militancia, 26 años de edad.
(Desaparecidos en Arica acusados de supuesto espionaje. El 14 de mayo de 1977 se encontraban en una boite en Arica, el topógrafo Pedro Segundo MELLA VERGARA con su cónyuge y un amigo. A la salida del local fue detenido Pedro Mella por dos personas de civil que no se identificaron, pero que pudieron conseguir el apoyo de un furgón de Carabineros de Chile, que patrullaba el sector, para consumar este hecho. Luego se trasladó al detenido a la Primera Comisaría de Carabineros de Arica. Al investigarse estos hechos los funcionarios de Carabineros declararon ante el Tribunal que los civiles que detuvieron a Pedro Mella eran agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de Arica, quienes les manifestaron que el detenido estaba bajo sospecha de espionaje y pidieron que no se registrara la detención, para luego llevárselo. A la mañana siguiente, el 15 de mayo de 1977, fue detenido Sergio OVIEDO SARRIA en la Aduana de Chacalluta. El 31 de mayo de 1977, fue detenido en el Casino de Suboficiales del Ejército de Arica, ex-Hotel Tinos, Isidoro Segundo CASTRO VILLANUEVA. El 31 de julio de 1977, fue detenido en el Terminal de Buses de Arica, Juan José PAILLALEF PAILLALEF. Autoridades del SIM en Arica, reconocieron ante el Juez del Tercer Juzgado del Crimen de Arica haber detenido el 14 de mayo de 1977, por espacio de una hora, a Pedro Mella, con el objeto de confeccionarle una ficha fotográfica, agregando que luego habría quedado en libertad sin que se registrara su domicilio. Sin embargo Pedro Mella, como tampoco las otras tres personas relacionadas con este caso, nunca más regresaron a sus hogares, luego que fueran detenidas. Sin embargo, y a la luz de los antecedentes que pudo conocer esta Comisión sobre estos hechos, se arribó a la convicción que estas cuatro personas desaparecieron en Arica, en forma no voluntaria, por actuaciones de agentes estatales).
  • Eduardo Bernabé Acevedo Cisternas, asesinado el 31-05-1986, de la región de Valparaíso, sin militancia, 30 años de edad.

(CASOS DE MUERTES POR USO INDEBIDO DE LA FUERZA O ABUSO DE PODER CON TOLERANCIA DE LA AUTORIDAD EN LOS QUE SE ADQUIRIO CONVICCION. En razón de la escasez de antecedentes y elementos de juicio que se pudo reunir y de la circunstancia de tratarse de situaciones aisladas, lo que dificulta su análisis contextual, los casos de muerte por las causales indicadas reciben un tratamiento diverso al resto de los casos declarados con convicción por esta Comisión, consistente en que sólo se mencionará en esta parte del Informe el nombre de las víctimas, sin incluir una relación de cada uno de ellos. Lo dicho, sin perjuicio de su inclusión, en los mismos términos que los demás casos con convicción, en el Volumen II de este Informe. La presente categoría comprende los casos en que faltó proporcionalidad entre la fuerza empleada por la autoridad y la situación que se pretendía impedir con ella y que en principio justificaba su uso. De entre las muertes por uso excesivo de la fuerza, cabe señalar, entre otras: – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de transeúntes desarmados que, instintivamente, huyeron al verlos acercarse; – Las producida por formas desproporcionadas de represión, principalmente disparos, muchas veces sin advertencia previa, efectuadas por agentes del Estado en contra de personas que sólo se encontraban realizando manifestaciones públicas o repartiendo propaganda de oposición al régimen militar; – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que sólo infringían el toque de queda, sin otra señal de peligrosidad; – Las producidas por disparos efectuados por agentes del Estado, también muchas veces sin advertencia previa, en contra de personas que eran sorprendidas mientras cometían un delito que no requería racionalmente esa medida. Es necesario señalar que las instituciones castrenses o policiales dieron de baja, en la mayor parte de estos casos, a los funcionarios comprometidos en ellos, pasando los antecedentes a los Tribunales Militares, lo que es irrelevante para los efectos de su calificación como violaciones a los derechos humanos).