Juan Carlos Claret Pool es Candidato a Constituyente por el Distrito 25 en el pacto INDEPENDIENTES NO NEUTRALES. 27 años, Egresado de Derecho de la Universidad de Chile y es integrante de la Organización de Laicos y Laicas de Osorno.
Agradecemos la gentileza de Juan Carlos Claret para con este medio de comunicación y esperamos estar haciendo un aporte efectivo al debate de ideas de manera que la ciudadanía pueda votar con un mayor grado de información y conocimiento de lo que piensan los y las candidatos o candidatas que pudieran ser electos/as para redactar la propuesta de Nueva Constitución.
P: A su entender ¿cuáles son los principios y valores fundamentales sobre los cuales debe redactarse la NC?
R: El principio más alto al que un país puede aspirar es a permitir el pleno desarrollo de los proyectos vitales de sus habitantes. Porque sin igualdad, libertad, fraternidad y solidaridad, nadie se puede desarrollar en realidad. Cuando uno nace, necesita del cuidado y ternura de la familia y la comunidad; luego, hacia la juventud, queremos diferenciarnos, alcanzar nuestra plena autonomía; para en la adultez, descubrir que la plenitud se alcanza en la interdependencia, asumiendo que el individuo no basta por sí solo, ¡nos necesitamos! Por eso, la Nueva Constitución debe orientar toda la institucionalidad a generar las condiciones que no obstaculicen este tránsito.
P: ¿Cuáles son las propuestas principales para construir una sociedad más justa (que termine con los desequilibrios y desigualdades actuales) que deberían estar reflejadas en la NC?
R: En la Constitución se discuten todos los temas, nada es puesto o sacado al azar. Entonces, si el propósito es orientar la institucionalidad a facilitar la realización de los proyectos vitales, lo cierto es que todo lo que ahí aparezca debe ser funcional a ese propósito. Tanto así, que si queremos un Chile Descentralizado, es porque queremos que un desarrollo regional pertinente nos dé alas para realizarnos sin necesidad de depender de la oferta capitalina; si queremos cuidar el medioambiente, es porque su descuido pone en jaque nuestra existencia; si queremos un mejor acceso a la justicia, es porque no queremos que se encarcele la pobreza; si queremos no depender de bingos para enfrentar la enfermedad, es porque tenemos un proyecto vital pendiente por realizar. De esta manera, un Estado Social y Democrático de Derecho es la única forma sostenible y proyectable para avanzar, evitándose que la ausencia del Estado perjudique a grupos vulnerados y que la sobrecarga de un Estado improvisado nos condene a un subdesarrollo exitoso.
P: Los derechos de las minorías hoy excluidas (pueblos originarios, personas con capacidades diferentes, inmigrantes, minorías sexuales, etc.) ¿deberían quedar consagrados en la NC?
R: ¡Por supuesto! La Nueva Constitución debe sincerar la diversidad ya existente en nuestro país y no puede ser obstáculo para que las personas, aún en condición de minoría social (como las indicadas en la pregunta) o minoría ciudadana (pienso en niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, pues no votan), puedan aspirar a desarrollar sus proyectos vitales. Pero no basta con “consagrar”. La metodología que propongo para analizar cada derecho consta de tres pasos: ¿qué reconocer?, ¿cómo garantizarlo? Y ¿qué mandatos específicos dar a las instituciones? Un constituyente que no se detenga, a lo menos, en estos tres pasos, no está abordando el tema con responsabilidad.
P: Su opinión sobre el rol y lugar que les debería corresponder en la NC a las Policías y Fuerzas Armadas.
R: Estas instituciones cumplen un rol importante en todo Estado de Derecho consistente en monopolizar el uso de la fuerza, lo que sin duda es un riesgo presente pero controlable. De hecho, que estemos persiguiendo responsables y discutiendo ciudadanamente refundarlos o reformarlos, es una posibilidad que sólo su institucionalización permite. Con grupos narcos o paramilitares, no cabe tal posibilidad.
Sin embargo, es innegable que tenemos serios problemas cívicos con su funcionamiento. Y aquí, el texto constitucional no es suficiente, toda vez que la Constitución vigente ya reconoce el carácter de subordinados y no deliberantes, así como los Derechos Humanos como límite a su actuación, y el problema persiste. Lo que sucede, es que estos enfoques no aterrizan en la selección de candidatos, ni en la formación, entrenamientos, ni en el trato dentro de la institución. La solución exige ver el problema legal y en los hechos.
En este sentido, la Nueva Constitución debe rayar una cancha que permita una intervención adecuada y, para eso, debería precisar el sentido y alcance de ser subordinados y no deliberantes, y el enfoque de derechos, con tal de orientar mejor el posterior trabajo legislativo y técnico respecto a la orgánica, protocolos, formación y atención.
P: ¿Considera usted que el derecho al agua debe ser reconocido en la NC como un derecho humano fundamental?
R: Sin duda, toda vez es la base vital para la subsistencia del ser humano y toda la vida sobre la tierra. Pese a que en el Código de Aguas y el Código Civil el agua ya es tratada como un bien nacional de uso público, esta ausencia de trato a nivel constitucional ha derivado en su indebida privatización.
El agua debe ser prioritaria para el consumo humano, asegurando el mínimo vital, y que se encuentre en perfecto equilibrio con su uso para la producción de alimentos, que sea amistoso con el desarrollo sostenible y debidamente responsable con la salud de los caudales, ríos y fuentes de agua que corren por los cauces naturales. Así también, todo esto debe consignarse en armonía con el uso del agua que emplean nuestros pueblos originarios.
P: En relación a las violaciones a los derechos humanos, la NC ¿debería ser explicita en cuanto a garantizar que haya justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición?
R: El Estado está al servicio de las personas, por lo que debería estar diseñado para respetar los tiempos y voluntades de las víctimas. Es decir, las lógicas del Estado no pueden ser causal para impedir el esclarecimiento de la verdad, su justiciabilidad, reparación y garantías de no repetición. Mi experiencia con víctimas me indica que ningún intento serio de reconciliación es posible sin estos elementos.
P: ¿De qué manera pretende usted que en el actual escenario se puedan promover y garantizar la participación de la ciudadanía en la redacción de la NC? ¿Se compromete usted a reunirse con actores y movimientos sociales y defender sus propuestas en el seno de la convención constitucional?
R: Como alguien comprometido con la participación y también con el éxito de la convención constituyente, me parece de suma importancia que, a la hora de hablar de este tema, respondamos a las preguntas ¿para qué queremos participación? ¿en que la queremos? ¿quiénes queremos que participen? y ¿cómo aseguramos su participación? Sin respuestas claras a estas interrogantes, la evidencia y mi experiencia dan cuenta que ante el eslogan de la participación, suelen ser los grupos de poder quienes copan los espacios “participativamente”.
Entonces, hay ocasiones en que la participación debe ser para decidir una determinada política, y en otras ocasiones debe ser para orientar la discusión o visibilizar los problemas ante una discusión técnica. Lo anterior es importante porque el escaso tiempo es el principal obstáculo de la convención y no hay tiempo que perder. De hecho, con otros independientes del país ya estamos trabajando en una propuesta de reglamento que considere, la mayor cantidad de estos mecanismos: audiencias públicas, rendición de cuentas territorial, encuentros y foros temáticos, encuentros autoconvocados, comité de sistematización que permita periciar el cumplimiento de los acuerdos, iniciativa ciudadana de norma constitucional, descentralizar sedes de la convención, medidas de transparencia y publicidad, mecanismos de participación virtual y alianzas de conocimiento con universidades.
Todo esto, con miras al trabajo ciudadano posterior a la Nueva Constitución, consistente en actualizar toda la institucionalidad del país y, para que el aterrizaje sea adecuado, se necesita que como ciudadanía desarrollemos una musculatura que impida que nos pasen “gato por liebre”.
P: ¿Cuál es su postura respecto al rol del Estado en un nuevo modelo de desarrollo que supere al modelo neoliberal actual?
R: Lo que más caracteriza al modelo actual es un Estado mínimo, subsidiario. Y al respecto, es importante distinguir nuevamente. Desde un punto de vista político, el Estado es siempre subsidiario porque está al servicio de las personas, no es un fin en sí mismo. De hecho, por este motivo surgieron los Derechos Humanos, porque era necesario limitar el poder estatal con tal de evitar que sofoque los proyectos vitales. Pero esta no es la subsidiariedad que nos debería ocupar, sino la económica, aquella que deja a manos del mercado las políticas públicas en la medida que hayan privados dispuestos a actuar. La ausencia de una decisión comunitariamente valorativa, ha permitido segregación, desigualdad, precarización. Hay aspectos que no pueden quedar a merced de la oferta y la demanda, por ejemplo, medioambiente, agua, viviendas, salud, etc.
P: Los derechos de la madre tierra y por extensión la protección y defensa del medio ambiente ¿deben estar incorporados en la NC?
R: El derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, ya existen en la actual constitución y, sin embargo, son insuficientes porque descansan en buenas intenciones sin una institucionalidad robusta y práctica. La Nueva Constitución debe avanzar hacia un Estado de Derecho Ambiental. Esto significa que hay que posicionar el medioambiente en las bases de la institucionalidad, para que estos valores impregnen todo el texto normativo desde una perspectiva de ecosistema, porque los desafíos que debemos enfrentar son globales; donde no sólo hablemos de un medio ambiente libre de contaminación, sino que funcionemos en clave de un medio ambiente sano como un piso mínimo desde donde partir el diálogo.
Trabajaré desde la convención constitucional para modernizar el Estado, de forma que pueda: regular, fiscalizar, promover y sancionar de forma oportuna y eficaz. Promoveré la discusión para incorporar el actual sistema de evaluación de impacto ambiental -junto al órgano encargado de este servicio- en la constitución o buscar otras alternativas a dicho mecanismo.
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